Euskadi registró 1.150 denuncias por violencia de género en el tercer trimestre del año, lo que supone una media de trece casos por día. El dato, aún así, supone un 8% menos que el contabilizado en el segundo trimestre. Además, de julio a septiembre, se adoptaron 62 órdenes de protección, un 33% menos que en los tres meses anteriores, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hechos públicos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, estas 1.150 denuncias fueron presentadas en los órganos judiciales del País Vasco por 1.145 mujeres. La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se situó en este tercer trimestre en 10,19, cinco puntos por debajo que la media estatal.
En función de las estadísticas elaboradas por el Observatorio, en un total de 85 casos en Euskadi, las víctimas se acogieron a la dispensa de obligación de declarar, un 7,4%.
Entre julio y septiembre, fueron incoadas en esta comunidad autónoma 153 órdenes de protección en los juzgados de violencia de género, de las que fueron adoptadas un total de 62, el 41%. A ellas, se suman otras 31 medidas de protección judicial incoadas, de las que fueron adoptadas 24, el 77%.
Un 11% más de víctimas en todo el Estado
Los juzgados españoles recibieron en el tercer trimestre del año un total de 38.402 denuncias, lo que supone un importante incremento interanual del 13,9%, un ritmo alto y similar al del trimestre anterior. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 36.079, un 11% más que hace un año y con un fuerte ritmo de incremento, pues en el trimestre anterior, cuando el crecimiento también fue notable, se quedó en el 8,8%, dos puntos menos.
La tasa nacional de víctimas por cada 10.000 mujeres se situó en 15,2, pero destacan por encima de la media Baleares, con 29,6, y Canarias, con 23,1, mientras que la ratio más baja se da en La Rioja, con 7. El 30,8% de todas las víctimas, 11.105, fueron extranjeras, lo que demuestra una fuerte prevalencia de esta lacra en la población femenina de origen inmigrante. Algo más de un 68% de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 17% de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima se mantiene muy reducido, pues representaron un 1,31% del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron más del 10,5%.
Los datos del tercer trimestre de 2016 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se conocen justo después de que el pasado fin de semana tres mujeres fuesen asesinadas en Vigo, Santiago y Tarragona por sus parejas o exparejas.
Aumentan las sentencias condenatorias
Entre las tendencias más positivas de la estadística está que, por cuarto trimestre consecutivo, se incrementó el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género. De cada diez juicios que se celebran en España por este tipo de delitos y faltas, siete acaban con condena del agresor.
El registro del Observatorio refleja que en el tercer trimestre de 2016 el porcentaje de condenas sobre el total de sentencias dictadas fue de un 69,5%, que supone un incremento interanual de más de 5 puntos, ya que en el mismo trimestre de 2015 la cifra de condenas fue de un 64,1% del total de sentencias.
Los juzgados y tribunales dictaron en este tercer trimestre del año 10.570 sentencias penales, de las que 7.344 fueron condenatorias y 3.226 absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en las audiencias provinciales, las que juzgan los delitos más graves, con más de un 95%, y en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 86%. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal también se incrementó y se situó en el 54,2%, cuando en el mismo trimestre del año estaban cerca del 50%.
El porcentaje de condenas no es aún mayor porque todavía son muchas las víctimas que se acogen a su derecho legal a no declarar contra el presunto agresor, lo que dificulta la consecución de pruebas. En el tercer trimestre de este año, en 4.810 casos (13,3%) la mujer no quiso declarar contra el denunciado. Al menos la proporción parece que se ha estabilizado, pues entre abril y junio pasado el porcentaje fue también del 13,2%. El porcentaje de víctimas que renuncian a declarar es superior en las mujeres extranjeras (17%) que en las españolas (11,7%).
Más órdenes de protección
Durante el tercer trimestre del año, se solicitaron 11.565 órdenes de protección en los órganos judiciales. Un total de 10.117 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.448 lo fueron en los juzgados de guardia.
El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2015 fue de un 3%.
Casi un 60% de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas, tres puntos por encima del mismo trimestre del año anterior. En los juzgados de guardia, se acordaron 1.013 órdenes de protección, lo que supone un 70% del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas un total de 434. En un 51% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 49% restante la relación se había extinguido. Un 2% del total de las mujeres que solicitaron la orden eran menores de edad.
Derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, se adoptaron por parte de los jueces 16.028 medidas penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y la suspensión de tenencia y uso de armas.
Al mismo tiempo se dictaron 4.069 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un 30,6% de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 24,5% resolvieron la atribución de la vivienda. En un 7% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 5% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
Fuente: elcorreo.com
