“Mi condena empezó cuando terminó la de él”

Miriam Moraleja, víctima de maltrato, denuncia los fallos de la ley de Violencia de Género

Que la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género resulta insuficiente en muchos casos lo supo bien la mujer asesinada este domingo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a la que una jueza denegó en septiembre la orden de alejamiento. Es la última víctima de la violencia de género y, al mismo tiempo, de una ley que ha vuelto a mostrar sus agujeros negros.

Las lagunas que no resuelve la ley también las padeció Miriam Moraleja, víctima de la violencia machista. Su pareja la apuñaló frente a dos guardias civiles el 4 de abril de 2007, cuando acudió a recoger sus pertenencias al domicilio familiar. El hombre fue condenado a ocho años de cárcel que cumplió íntegros. En julio de 2015 salió en libertad: “Mi condena empezó cuando terminó la de él”, dice ahora Miriam, que se lamenta de que la orden de alejamiento solo afecta a su casa y la de su madre, mientras que en el resto de la ciudad en la que vive teme encontrarse con su agresor. Es otro de los múltiples problemas que no ha sabido resolver la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Que la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género resulta insuficiente en muchos casos lo supo bien la mujer asesinada este domingo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a la que una jueza denegó en septiembre la orden de alejamiento. Es la última víctima de la violencia de género y, al mismo tiempo, de una ley que ha vuelto a mostrar sus agujeros negros.

Las lagunas que no resuelve la ley también las padeció Miriam Moraleja, víctima de la violencia machista. Su pareja la apuñaló frente a dos guardias civiles el 4 de abril de 2007, cuando acudió a recoger sus pertenencias al domicilio familiar. El hombre fue condenado a ocho años de cárcel que cumplió íntegros. En julio de 2015 salió en libertad: “Mi condena empezó cuando terminó la de él”, dice ahora Miriam, que se lamenta de que la orden de alejamiento solo afecta a su casa y la de su madre, mientras que en el resto de la ciudad en la que vive teme encontrarse con su agresor. Es otro de los múltiples problemas que no ha sabido resolver la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Falta de control y de medios

“La mayoría de las muertes se producen cuando un agresor sale de la cárcel por haberse saltado una orden de protección”, explica Lorena Abellán, abogada de MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato). La abogada denuncia que la falta de medios impide que cada víctima disponga de un policía que le proteja, lo que significa que en muchas ocasiones las mujeres estén en peligro. En 2015 se registraron en España 27.624 mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El total de medidas cautelares dictadas e inscritas en el Registro en asuntos de violencia de género durante ese mismo año fue de 84.594, un 1,7 % más que el año anterior. Las medidas más frecuentes fueron la prohibición de aproximarse (36,1% del total), la prohibición de comunicarse (34,3%) y la libertad provisional (15,1%).

Larga espera hasta el juicio

“Estas mujeres luchan por su vida cada día”, dice Lorena Abellán, que señala que desde que se denuncia hasta que se celebra el juicio pueden pasar dos años. Si además hay que probar un maltrato psicológico, los procesos se alargan. “En ese período las mujeres están completamente desprotegidas. Y ademásno tienen derecho a ayudas”, sentencia.

“Yo pregunté si le pondrían pulsera, pero me dijeron que era muy caro”, cuenta Miriam, que perdió 40 kilos tras la agresión y tuvo que dormir en posición vertical durante meses. Al haber cumplido su condena, el agresor no está obligado a llevar ese dispositivo telemático que avisa a la víctima de que se está acercando. “He estado nueve meses encerrada entre estas cuatro paredes. Cuando me acercaba a la puerta, empezaba a temblar”, explica. La responsabilidad de la casa recayó sobre su hija mayor, Nheyla, que hacía las veces de madre y se encargaba de todo lo que ocurriera de puertas para afuera, como la compra o llevar a su hermano al colegio.

Compartir espacios

“Muchas mujeres llegan al juicio y, al tener que compartir sala con su agresor, vuelven a sus casas por miedo y no continúan con el procedimiento”, explica Abellán. En el juicio de Miriam no hubo mampara, y ella declaró a un metro de su expareja porque la ley tampoco prevé una sala de espera aparte ni las declaraciones por separado.

Además, para determinar la gravedad de cada caso de violencia, la Policía realiza un test de 25 preguntas a la mujer maltratada. A Miriam su pareja le amenazó con un cuchillo carnicero. Tras ese episodio, el hombre fue obligado a abandonar el domicilio, y al recoger sus pertenencias, fue cuando se produjo el apuñalamiento. “Veinticinco preguntas no son suficientes para valorar un caso de violencia machista”, dice Abellán. Y añade: “Hay que valorar las circunstancias personales, sociales y económicas de la mujer”.

“Yo no puedo contar cómo es mi vida real, es muy triste”, dice Miriam. La mujer vive en un piso cedido por una asociación y no dispone de ningún tipo de ingreso económico. Tras la agresión comenzó a tener mareos, pérdida de la orientación y agorafobia, por lo que le resulta imposible trabajar. Es la otra vertiente sin resolver de estas agresiones. “Toda mujer maltratada necesita protección. Muchas de ellas temen denunciar a sus maridos porque si entran en la cárcel se quedan sin medios económicos para alimentar a sus hijos”, cuenta la abogada. Miriam recibió 426 euros mensuales durante tres años. Y después nada. Tiene dos hijos en común con su agresor, pero no ha pedido una pensión alimenticia por miedo a retomar contacto con su expareja. El objetivo de Miriam es que sus hijos tengan una vida feliz: “El maltrato está desterrado de mi casa”, dice. Aunque la ley no acabe de darle todo lo que necesita.