El último Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz el pasado mes de julio aprobaba una propuesta conjunta de los grupos de la oposición en la que se acordaba que las ayudas al alquiler que se ofrecen al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género y en exclusión social serían, como mínimo, de un 90 por ciento, y no de un 75 por ciento después de que el actual equipo de Gobierno bajara este porcentaje de ayudas.
Lo cierto es que han pasado casi dos meses de este acuerdo plenario y las mujeres siguen percibiendo sólo un 75% de las ayudas del alquiler por parte del Ayuntamiento aunque con retrasos, que llegan a ser en algunos casos de hasta cuatro meses. La preocupación de estas mujeres crece día a día ya que temen que los propietarios no puedan aguantar esta situación y lleguen a poner fin a los contratos de alquiler por impago.
Desde el Ayuntamiento se explica que actualmente existe un problema burocrático ya que, además del acuerdo del pleno que establece ayudas del 90%, hay otro acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la que están representados Podemos y Ganar Cádiz en común, en el que se recoje que las ayudas podrían llegar hasta el 100% según una baremación que harían los técnicos y teniendo en cuenta la problemática de cada persona necesitada de una vivienda.
Este problema, según argumentan los grupos de la oposición, se arreglaría tan sólo con la firma de un decreto por parte del alcalde de la ciudad, José María González Santos, que anulara el acuerdo de Junta de Gobierno Local ya que el órgano soberano en el Ayuntamiento es el Pleno. Por lo tanto, «hay que respetar y cumplir los acuerdos plenarios», señalan desde los grupos de la oposición.
No entienden cómo el Ayuntamiento puede permitir que se estén dando ayudas para el alquiler en «infraviviendas» y consideran que hay que poner una solución urgente a este problema que sufren estas mujeres ya que los retrasos en los pagos pueden traer graves consecuencias para ellas, que no cuentan con ingresos.
Muchas de ellas muestran su desesperación ya que viven en condiciones «infrahumanas», con casas que no reúnen las condiciones. Una de ellas lamenta la situación en la que viven «con aguas fecales que nos salen por el cuarto de baño y que tienen un insoportable olor».
El colectivo de mujeres presentó a principios del mes de septiembre un escrito ante el Registro Municipal en el que solicitaban a las concejalas de Mujer, Ana Camelo; Vivienda, Eva Tubío; y Asuntos Sociales, Ana Fernández; que les atendiesen de forma conjunta para abordar los problemas tanto de vivienda como de formación para que tengan una oportunidad de acceder al mercado laboral y poder generar ingresos.
La respuesta del alcalde fue clara: «estas mujeres no tendrán un trato preferente y sus dificultades serán abordadas como la del resto de los ciudadanos». A día de hoy siguen esperando una respuesta que no llega.
