El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha comenzará a trabajar el próximo año en la redacción de la ley dirigida a la no discriminación del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), según anuncia la directora de este organismo, Araceli Martínez.
Martínez realiza este anuncio en una entrevista con la Agencia Efe, en la que también avanza que su deseo es aprobar el anteproyecto de la nueva ley contra la violencia de género de Castilla-La Mancha antes de que finalice el año.
También este último trimestre del año, el Instituto de la Mujer ultima con las familias de menores transexuales un protocolo de actuación como paso previo al impulso de la ley para luchar contra la discriminación del colectivo LGTBI.
La directora explica que este protocolo, entre otras medidas, podría recoger la instrucción de que los menores trans sean llamados, por ejemplo, en clase «con el nombre de la identidad que sienten».
«No se pueden modificar los expedientes de los menores transexuales, pero sí pensamos que es muy importante que se pueda facilitar en clase, en el listado de alumnos, en la documentación habitual, que se les pueda llamar, denominar y puedan estar inscritos con el nombre de la identidad que sienten», expone.
Añade que hay otros casos que no se pueden modificar, como el historial médico, ya que va asignado al DNI.
El objetivo del protocolo, continúa Martínez, es «dar respuesta tanto a los profesionales como a las familias afectadas para saber cuáles son los pasos que se deben dar para que la transexualidad o la intersexualidad no sean un obstáculo sino que se normalice y se acepte la diversidad de la sociedad, y se actúe con la tolerancia y el respeto debido».
Una vez elaborado este protocolo, el Instituto de la Mujer iniciará en el año 2017 «las mesas de participación, un proceso de participación importante, para ir dando los pasos que conduzcan al borrador de la ley».
Por otra parte, Martínez recuerda que llevan un año trabajando en la redacción de la nueva normativa regional contra la violencia de género a través de «un proceso de participación que no ha tenido precedentes en Castilla-La Mancha» y que se cerró el pasado mes de agosto.
«Tenemos una buena cantidad de propuestas que en este momento estamos terminando de depurar para ir incorporando aquellas que consideremos que van más en sintonía con la ley que queremos desarrollar y porque pensamos que son muy necesarias para incorporar al texto de la ley», afirma.
La nueva ley, avanza, «va a facilitar que la asistencia a las víctimas de violencia de género, a sus hijas y a sus hijos, pueda estar más actualizada, más en consonancia con los hitos legislativos que se han ido produciendo en los últimos años desde que en 2001 se aprobó la ley de Castilla-La Mancha, que fue la primera de Europa, prácticamente, en materia de violencia de género».
Martínez también confía en que Podemos apoye el proyecto de presupuestos de la Junta para 2017, ya que advierte de que «hay algunos aspectos, como el desarrollo de algunos servicios que están contemplados en la ley de violencia de género, que tendrían más difícil su desarrollo» sin su aprobación.
Recalca que «la implementación de nuevos recursos, nuevos servicios, nuevos ámbitos de actuación, también requiere mayor presupuesto».
Con ello, aunque no desvela la cifra, adelanta que el presupuesto para su departamento de cara al próximo año va a ser superior al de 2016.
Preguntada por los objetivos que se marca el Instituto de la Mujer para 2017, Martínez apunta que continuarán «con la implementación del principio de transversalidad en todas las consejerías» e iniciarán el proceso de participación «potente» para poder desarrollar el nuevo plan estratégico de igualdad «que pueda durar cuatro o cinco años, aproximadamente».
«Queremos reforzar la incardinación del principio de ruralidad con el principio de género, eso es esencial para poder avanzar en que las mujeres del medio rural puedan gozar de las mismas oportunidades que las mujeres que viven en otros medios, como el medio urbano o el medio periurbano», añade Martínez.
También considera «fundamental» trabajar por la erradicación de la violencia de género desde dos frentes: la prevención y la asistencia.
Con ello, Martínez solicita un pacto de estado que «coloque la violencia de género como una de las prioridades que debe tener el Gobierno a la hora de diseñar y afrontar las medidas que deba adoptar».
Entre otras medidas, a su juicio, este pacto debería recoger la ampliación del concepto de violencia de género, la recuperación de las campañas de prevención y sensibilización, y el refuerzo de la justicia, que haya más juzgados dedicados a la violencia de género y que se mejore la formación.
«Lo que le pido al nuevo Gobierno es que asuma un compromiso con la igualdad, por la erradicación de la violencia de género y que para ello tenga en cuenta a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones feministas», apunta también Martínez.
Y, sobre la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, considera que «es una posición muy difícil, no es un plato de buen gusto, pero en este caso se está eligiendo por el mal menor».
Mayor tolerancia a la violencia de género
En otro orden de cosas, la directora del Instituto de la Mujer alerta de la existencia de estudios «demoledores» que muestran que, en los últimos diez años, existe mayor nivel de tolerancia entre los más jóvenes hacia la violencia de género.
Martínez explica que esta mayor tolerancia, que se produce en todas las comunidades autónomas, se da porque los chicos justifican la violencia de género y «consideran que está plenamente justificada la agresión por distintos motivos», mientras que las chicas «no identifican los signos de violencia de género», entre otras causas porque «ha hecho muchísimo daño el amor romántico».
Todo ello, argumenta Martínez, hace que baje el nivel de riesgo y que se justifiquen las agresiones en aras al amor y que «se excuse la violencia de control y los celos absolutamente intolerables por el amor irremediable que siente la pareja».
Martínez afirma que, por todo ello, la juventud es un sector de población que preocupa especialmente al Instituto de la Mujer, pues «si no se trabaja a tiempo, esas conductas se repetirán y se agravarán en el futuro», dando como resultado «un mayor número de potenciales víctimas y de potenciales agresores».
Para evitarlo, el Instituto de la Mujer ha puesto en marcha campañas a este sector de población, como la impulsada este verano ‘Sin un sí es un no’, y otras dirigidas para «desmontar los mitos que se van interiorizando» a través de canciones, series de televisión, películas o vídeojuegos.
También recuerda el proyecto de difusión del documental de Mabel Lozano ‘Chicas nuevas 24 horas’, un «duro documental sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual» que tiene como finalidad la reducción de la demanda de la prostitución, pues advierte de que los estudios apuntan a que «cada vez es más temprana la edad en la que los chicos jóvenes comienzan a consumir prostitución».
«Si no hubiera consumidores de prostitución, si no hubiera puteros, no habría prostitución y no se sostendrían esos puticlubs de carretera o esos pisos donde se realiza esta actividad ilegal», argumenta Martínez, que calcula que entre el 70 % y el 90 % de las mujeres prostituidas son víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Por otro lado, Martínez señala que, dado que Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural, el Instituto de la Mujer también realiza campañas específicas dirigidas a la mujer rural, ya que en este medio «todos los estereotipos están más arraigados y, por lo tanto, todas las discriminaciones que tienen que ver con el género están más profundas, a veces, y otras veces están más justificadas».
Así, explica que en el medio rural aplican medidas de discriminación positiva, es decir, que a la hora de elegir dónde se desarrolla una acción, el Instituto de la Mujer -a menos que esa acción requiera específicamente un entorno urbano o periurbano- apuesta por llevarla al medio rural porque «están más alejados de los lugares donde se suelen realizar más actividades y porque es una manera de contribuir a disolver los estereotipos sexuales».
Además, Martínez también resalta la importancia del «principio de transversalidad» en todas las tareas de gobierno y valora que para ello ayuda «de manera decidida» que el Instituto de la Mujer forma parte del Consejo de Gobierno, ya que supone estar «en el núcleo de la planificación estratégica» de la acción del gobierno.
Así, como ejemplo de transversalidad en el medio rural, Martínez cita las iniciativas de la Consejería de Agricultura para aumentar los registros de cotitularidad de las explotaciones agrarias y la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de explotaciones agrarias para jóvenes agricultores, que valora de manera especial a las solicitantes mujeres.
Fuente: lanzadigital.com
